El pasado mes de mayo, la empresa de sondeos IPSOS realizó una encuesta en cuatro monarquías parlamentarias europeas, la británica, la sueca, la belga y la española. España figura como el país en el que la monarquía cuenta con mayor oposición: un 37 por ciento de españoles declara que la abolición de la institución sería buena para España; y un 52 por ciento está a favor de que se realice un referéndum sobre la forma de Estado.
Las revelaciones procedentes de las cloacas del Estado que se han conocido esta semana no contribuyen precisamente a reforzar la legitimidad de una institución bajo sospecha. Sabemos que es incómodo hacerse cargo de cualquier información que provenga del excomisario Villarejo, hoy encarcelado. Pero, por incómodo que resulte, no podemos mirar hacia otro lado, como por lo demás están haciendo muchos medios de comunicación.
La información sobre corrupción suele salir a la superficie como consecuencia de venganzas, envidias y resentimientos que se acumulan entre aquellos que han estado muy cerca o han practicado formas ilícitas de enriquecimiento. En esta ocasión, la fuente es una examante del rey emérito. Las acusaciones son muy graves, y confirman los rumores y sospechas que venían circulando desde hace tiempo. En 2012, The New York Times calculó que la fortuna de Juan Carlos de Borbón se elevaba a 2.300 millones de dólares, casi 1.800 millones de euros.
LA MONARQUÍA ESPAÑOLA CONTEMPLADA DESDE EUROPA
LA MONARQUÍA ESPAÑOLA CONTEMPLADA DESDE EUROPA
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