viernes, 29 de septiembre de 2017

RESISTENCIA CONTRA EL FRANQUISMO




¿Con qué legitimidad el Estado Español aplica sus leyes cuando ha dejado impune el genocidio franquista?

Pedro Taracena Gil




La necesaria movilización de las fuerzas democráticas frente a los herederos del franquismo

 








Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
El coste de la desmemoria histórica

La escasa recuperación de la Memoria Histórica en los círculos políticos, mediáticos e incluso académicos españoles explica que no se haya corregido la tergiversada historia de este país, tergiversación que continúa dominando el relato del pasado y del presente. No hay plena conciencia ni hay pleno reconocimiento, por ejemplo, de que la Guerra Civil fue un golpe militar contra un sistema democrático gobernado por unas fuerzas políticas promotoras de reformas urgentes y necesarias que estaban afectando los intereses de las clases privilegiadas y dominantes que, siendo una minoría de la población, necesitaron de una enorme y cruel represión frente a la mayoría de la población, que eran las clases populares. De no ser por la enorme resistencia popular en la mayor parte de los territorios españoles, aquel golpe militar se hubiera impuesto en cuestión de dos o tres meses. Pero a pesar de la ayuda de las tropas nazis alemanas y fascistas italianas, y de la escasa ayuda militar que el gobierno republicano recibió de los supuestamente democráticos gobiernos occidentales (temerosos estos de que las reformas altamente populares del Frente Popular contaminaran a sus propias clases populares), no pudieron conseguir someter a la mayoría de la población hasta tres años más tarde, estableciendo uno de los regímenes más represivos, crueles y terroristas (es decir, que el terror era una política del Estado) que hayan existido en Europa durante el siglo XX. Nunca hay que olvidar que por cada asesinato que cometió Mussolini, el régimen de Franco cometió diez mil.
La Guerra Civil fue una lucha de clases. Pero también fue una lucha de dos visiones de lo que es España 
No hay duda de que la Guerra Civil fue una lucha de clases, de las oligarquías y de las burguesías en contra de la clase trabajadora de los distintos pueblos y naciones de España. Los vencedores de aquella lucha de clases establecieron el Estado dictatorial, y, cuarenta años más tarde, fueron las fuerzas dominantes en la transición de la dictadura a la democracia, definida erróneamente como modélica. Y digo erróneamente porque el desequilibrio de fuerzas en aquel proceso fue tan grande a favor de los vencedores de la Guerra Civil y en contra de los vencidos (las izquierdas que lideraban las fuerzas democráticas) que era imposible que el resultado de aquella transición fuera modélico. Su producto, la democracia española, era y continúa siendo enormemente limitada y el Estado del Bienestar fue y continúa siendo muy insuficiente. Los datos que avalan tal observación están ahí para el que quiera verlos. Los muestro en mis libros (ver Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2002; y El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias. Anagrama, 2006). 
Ahora bien, hay otra parte de la desmemoria histórica que está incluso más ocultada. Es poco conocido hoy en España que además de la lucha de clases que apareció en la mayoría de los pueblos y naciones de España, hubo otra lucha que se sintió con especial énfasis en las naciones “periféricas”, como Catalunya y el País Vasco (y también en Galicia). La represión en contra de la cultura e identidad nacional en Catalunya fue una característica de aquel golpe militar y del régimen que estableció. Puedo dar constancia de ello, como catalán que soy. No soy muy dado a referirme a experiencias personales, pero me permito hacer una excepción en este artículo en mi intento de explicar una dimensión poco conocida del pasado de nuestro país a mis amigos al sur del Ebro, a quien está dirigido predominantemente este artículo. Cuando yo era un niño, alrededor de los 10-11 años, un gris (la policía franquista) en Barcelona se molestó por dirigirme a él, en la calle, en catalán –mi lengua materna- diciéndome “no hables como un perro, habla como un cristiano”. Recuerdo bien la frase, a la que respondí escupiéndole en la cara. Además de la paliza y el bofetón que me dio, me llevó al cuartelillo de la policía, desde donde llamaron a mis padres, maestros republicanos que fueron brutalmente represaliados por su apoyo a las reformas educativas de la República y a la Generalitat de Catalunya (ver Una breve historia personal de nuestro país. biografía de Vicenç Navarro, en www.vnavarro.org). Mi padre me acarició la cabeza, y hablando para sí mismo dijo “Tan jove, ja” (tan  joven, ya), y mi madre, delante de los grises, me dio uno de los besos más grandes y más políticos que una madre haya dado a su hijo en Catalunya, mostrando lo enormemente orgullosa que estaba de mí.
En muchas partes de España parece no conocerse que siempre ha habido en Catalunya un sentimiento de identidad que no tiene por qué ser excluyente o insolidario. Es cierto que este sentimiento puede lamentablemente traducirse en un nacionalismo excluyente. Así pasó con Jordi Pujol, el mayor punto de referencia político del nacionalismo catalanista conservador, cuando escribía que los “inmigrantes” murcianos y andaluces que venía a trabajar a Catalunya (a los que la burguesía catalana y los nacionalistas pujolianos llamaban “charnegos”) tenían una capacidad intelectual inferior a la de los catalanes. Ahora bien, siempre hubo otro sentimiento identitario solidario característico de las izquierdas catalanas, opuesto al anterior. En el mismo periodo que Jordi Pujol promovía aquel nacionalismo, yo escogí ser médico de los “charnegos” en el barrio más pobre de Barcelona, el Somorrostro. La resistencia antifascista que se había infiltrado en el sindicato fascista, el SEU, fundó el SUT (el Servicio Universitario del Trabajo), que había establecido el único centro sanitario en aquel barrio y cuyos habitantes representaban la clase trabajadora venida de otras parte de España que estaba construyendo el país y luchando, muchos de ellos, en la resistencia antifascista. Las izquierdas catalanas siempre vimos que la lucha social y la lucha por la recuperación de la identidad catalana estaban unidas, pues la causa de su opresión era la misma: el Estado fascista. Y esta diversidad de identidades regionales y nacionales era la riqueza del país. Nuestro deseo era que tal diversidad quedara reflejada en la configuración del Estado cuando se estableciera la democracia.
La España plurinacional fue siempre la visión preferente dentro de las izquierdas catalanas y españolas
La tergiversada historia de España, heredada de la dictadura, ha ocultado que siempre ha habido dos versiones de España. Una, la uninacional, de las derechas españolas, cuya máxima expresión se dio durante el fascismo. Esta visión de España es la visión de los vencedores de la Guerra Civil. Pero la de los vencidos era la visión plurinacional y pluri-identitaria, característica de las izquierdas. No se conoce en España que tanto el PSOE como el PCE, durante la resistencia antifascista, tenían en su programa el reconocimiento de dicha plurinacionalidad, garantizada por el derecho de decisión o autodeterminación, que aseguraba que la deseada unión de España estuviera basada en la voluntad de las distintas regiones y naciones de España, en lugar de estar unidas por la fuerza, tal como exige la actual Constitución Española, que asigna nada menos que al Ejercito la función de asegurar tal unión (cláusula impuesta por el Monarca y el Ejército en el redactado de la Constitución). En esta última versión, la uninacional, se consideraba a la visión plurinacional como la anti-España, siendo brutalmente reprimida por el régimen dictatorial, y todavía ocultada o discriminada durante el régimen del 78 iniciado en la inmodélica transición, como resultado de la pervivencia de la cultura franquista, todavía muy extendida en los aparatos del Estado español, incluyendo su judicatura y sus órganos de seguridad.
La represión fascista contra los que la dictadura definió como rojos y separatistas
La mayor represión fruto del golpe militar fascista y del régimen que le siguió fue dirigida a los que fueron definidos como rojos y separatistas, categorías que incluían en Catalunya a aquellas personas que habían luchado por una España justa, libre y democrática (a las que definían como rojos), y a aquellas personas que luchaban por una España plurinacional (a las que definían como separatistas). Y lo peor de esta represión era que a uno se le definiera como rojo y separatista, como lo fue gran parte de mi familia, incluyendo mi padre, al que se le supuso separatista por haber sido secretario de la Asociación en Defensa de la República Catalana en la Federación Española. Mi padre era federalista, no secesionista. Y amaba profundamente a España y a Catalunya. Era valenciano de origen y maestro ilusionado, junto con mi madre, también maestra ilusionada, con las reformas docentes realizadas por la Generalitat de Catalunya y por la II República. Que los considerasen a ellos, mis padres (y mis tíos y tías que tuvieron que dejar España y más tarde luchar contra el nazismo en la Francia ocupada) como anti-España, es absurdo y ofensivo en extremo, pues lucharon y dieron lo mejor de su vida por otra España diferente a la España monárquica borbónica, centrada en la capital del Reino, Madrid (que no tenía nada que ver con el Madrid popular), radial, jerárquica, corrupta e injusta. Su España era republicana, democrática, justa y plurinacional. Pero para los “nacionales” (así se definían a sí mismas las fuerzas fascistas), los que apoyaban la otra visión de España eran antiespañoles. Para ellos, separatistas eran todos aquellos que no compartían su visión uninacional. El president Companys (al que los fascistas fusilaron), que había sido director de una revista titulada Nueva España, y que fue Ministro del gobierno español republicano, era un federalista, no un secesionista. Y sorprenderá también a muchos lectores saber que los mártires y héroes cuya vida y muerte se homenajea el día nacional de Catalunya, el 11 de septiembre, por defender los derechos de Catalunya frente a Felipe V, de la realeza borbónica, también luchaban por el bien de España, dato que las derechas nacionalistas españolistas y los independentistas siempre ocultan en su historia tergiversada de España. Cito textualmente las palabras del General Villarroel, que dirigió a los luchadores que se enfrentaron a las fuerzas borbónicas que los derrotaron, eliminando los derechos de la nación catalana: “Señores, hijos y hermanos: hoy es el día en que se han de acordar del valor y gloriosas acciones que en todos tiempos ha ejecutado nuestra nación. No diga la malicia o la envidia que no somos dignos de ser catalanes e hijos legítimos de nuestros mayores. ¡Por nosotros y POR LA NACIÓN ESPAÑOLA PELEAMOS! Hoy es el día de morir o vencer” (el original no está en mayúsculas, las añado para que se pueda leer bien). Queda claro que los héroes masacrados por las tropas borbónicas luchaban por otra visión de España, claramente plurinacional, cuya memoria es recordada el 11 de septiembre, la Fiesta Nacional de Catalunya. El Día Nacional en la primera versión de España –la uninacional borbónica- es el día de la Raza (tal como se llamaba) en el que se celebra la victoria y conquista de un nuevo continente. En Catalunya, sin embargo, el Día Nacional es un homenaje a los derrotados defendiendo otra visión de Catalunya y de España.
El renacer del plurinacionalismo
Esta visión plurinacional ha continuado viva en las izquierdas catalanas durante la época democrática. Fue precisamente un gobierno de izquierdas -el gobierno tripartito del socialista Pasqual Maragall- el que preparó el Estatut de Catalunya que fue vetado, después de ser aprobado por el Parlament de Catalunya, por las Cortes Españolas y refrendado por la población en Catalunya, por el Tribunal Constitucional (TC), controlado por el PP. Tal veto (de partes esenciales de aquel Estatut, como considerar a Catalunya como una nación) y la pasividad del PSOE han creado la situación actual. La derecha española en general, y el PP en particular, han sido una fábrica de independentistas. El nacionalismo españolista y su versión y expresión uninacional son la mayor causa del crecimiento del independentismo.
Dicho esto, me niego a creer que el gobierno Rajoy esté aplicando claras políticas represivas que están incrementando el independentismo como resultado de su incompetencia, como algunas voces de izquierdas están indicando. El Sr. Rajoy encaja perfectamente en el molde extremista del nacionalismo uninacional heredado del franquismo. Cree, como también creen muchas personas de derechas, e incluso de izquierdas, que los partidos independentistas son los responsables de haber creado este enorme movimiento en Catalunya, sin querer darse cuenta de que la realidad es precisamente lo contrario. Ha sido el hecho de ver desoídas las justas demandas de redefinición de España lo que ha convertido el deseo de reconocimiento en un deseo de separación. Y el hecho de que la visión uninacional sea todavía la dominante en España, en parte debido a la renuncia por parte de las izquierdas tradicionales de su visión plurinacional, explica el comportamiento electoralista de Rajoy, totalmente comprensible desde el punto de vista electoral, pues lo beneficia a nivel de votos.
La demanda por un referéndum
En Catalunya, según las encuestas, la mayoría favorece una consulta o un referéndum sobre si Catalunya debería separarse o  no de España. Tal apoyo va (según la encuesta) de un 70 a un 80%. Sin embargo, la mayoría no es favorable a la independencia. La prohibición del “referéndum” por parte del Estado y del gobierno Rajoy, consecuente con su historia de falta de sensibilidad hacia las peticiones provenientes de Catalunya, ha generado una gran protesta, claramente instrumentalizada por los partidos independentistas que gobiernan Catalunya, que han utilizado a su vez métodos sectarios y antidemocráticos en su instrumentalización del referéndum, el cual se ha transformado más en un plebiscito de apoyo a la independencia que en un auténtico proceso de debate democrático sobre los méritos o deméritos de tal opción, libremente expresados en los medios públicos de la Generalitat. En realidad, tales medios han sido meros instrumentos independentistas.
Esto ha dado pie a desarrollar una enorme represión contra las instituciones de la Generalitat de Catalunya que está siendo llevada a cabo por los aparatos del Estado uninacional (el judicial y el policial) bajo el gobierno Rajoy, represión que están afectando los derechos políticos y civiles de toda la población mediante medidas que, como han  indicado varios juristas y constitucionalistas de conocido prestigio (como el Sr. José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, el Sr. Baltasar Garzón o el profesor Javier Pérez Royo), son ilegales.
Crítica a algunas respuestas de sectores de izquierdas
Ante esta situación es sorprendente el silencio de la intelectualidad española. Me parece bien que unas personas de izquierdas publicaran en El País (hoy uno de los diarios más hostiles a la transformación social y nacional de España) una carta indicando que el referéndum no es un referéndum. Debo ser una de las personas en Catalunya que ha sido más crítica con Junts Pel Sí y su mal llamado referéndum. Ahora bien, me parece muy mal que no critiquen la continua y agresiva intervención del Estado, tanto por parte del gobierno como por parte de los aparatos del Estado, dirigidos por un coronel de la Guardia Civil, procedente de una familia de Fuerza Nueva y hermano de un ex miembro del TC, hecho ampliamente conocido en Catalunya. El sistema judicial y constitucional español dista mucho de ser el sistema democrático que el país tendría si hubiera habido una ruptura con el Estado anterior. Y lo mismo ocurre con las fuerzas de seguridad. Es preocupante que miembros de la Guardia Civil saludaran a miembros de la ultraderecha que los vitoreaban cuando estaban reprimiendo manifestaciones totalmente pacíficas y no violentas. Hemos visto estos días la llegada a Barcelona de grupos civiles fascistas que están intentando agredir a la población, que se está manifestando pacíficamente. Estos mismos grupos fascistas rodearon el centro de Zaragoza, donde fuerzas democráticas estaban reunidas para realizar un acto político que pudiera contribuir a resolver uno de los mayores problemas que hoy existen en España. No ha habido ninguna detención de miembros de dichos grupos. Y los políticos que acudieron al acto tuvieron que encerrarse en el lugar donde éste se realizaba. 
La llamada a la movilización democrática
Cualquier persona democrática, sea o no catalana, consciente de la historia real y no tergiversada del país, necesita movilizarse y decir NO a esta ocupación de Catalunya por los aparatos del Estado central, dirigidos por un gobierno corrupto que utiliza el Estado y sus aparatos de represión para fines partidistas y personales. Escribir ahora diciendo que el referéndum propuesto por la Generalitat de Catalunya no es legal me parece insuficiente. Lo que estamos viendo hoy es la movilización de las fuerzas herederas del fascismo, los súper patriotas de siempre, que están, como también hicieron en el 36, recurriendo a una represión que (por desgracia y como resultado de la insuficiente recuperación de la memoria histórica está contando con la simpatía de amplios sectores de la población española), reforzando así su dominio sobre España y su Estado. La victoria de Rajoy en su enfrentamiento con la Generalitat de Catalunya (conseguida, una vez más, con la pasividad del PSOE) debilitará enormemente a las fuerzas democráticas en España. De ahí la importancia de las fuerzas españolas que se reunieron en Zaragoza representando esa otra España, la plurinacional, sin la cual será también imposible resolver el gran problema social creado a su vez por el mismo Estado uninacional (también con la pasividad del PSOE). La democracia en España está en peligro y el máximo responsable de ello es la persistencia de la cultura franquista en el Estado español.
El movimiento democrático iniciado en Catalunya que debería extenderse al resto de España 
La represión ha movilizado a la mayoría de las asociaciones progresistas de la sociedad civil, desde los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, hasta los movimientos vecinales, asociaciones de pequeños empresarios, clubs de fútbol, etc. que se están organizando para oponerse a tanta represión. La gran mayoría de dichas asociaciones no son independentistas, pero se sienten ofendidas por la brutal represión que está hoy teniendo lugar en Catalunya. Y un elemento muy importante es que se ha diluido el protagonismo que los partidos independentistas y los movimientos afines como la ANC y OMNIUM CULTURAL han tenido hasta ahora, dirigiendo las movilizaciones. Los sindicatos son las asociaciones civiles más grandes de Catalunya, y  junto con la clase trabajadora, que no es independentista y no se movilizó en las campañas independentistas, se están ahora movilizando para defender las instituciones catalanas y la democracia. Es significativo que los trabajadores del puerto no estén abasteciendo a los barcos que han utilizado las tropas enviadas a Catalunya para ocuparla. El movimiento pro-independentista grande, pero no mayoritario, se está ampliando en un movimiento más grande a favor de la democracia, de las instituciones catalanas y de la plurinacionalidad de España. Hoy, significativamente reunidos en el Museo de Historia de Catalunya, han aprobado un manifiesto en el que se convoca a la sociedad civil catalana a defender la democracia en Catalunya, violada ahora por el intervencionismo judicial y político del Estado español. Por el bien de Catalunya y de España es importante que se haga esta movilización de todas las fuerzas democráticas en contra de las políticas antidemocráticas y represoras que están siguiendo los herederos de la dictadura que oprimió tanto a las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España.

Editor: Pedro Taracena Gil




PÚBLICO VINCENÇ NAVARRO 




martes, 12 de septiembre de 2017

QUÉ PASA EN CATALUNYA

Por Vicenç Navarro
 

¿Qué pasa en Catalunya?: lo que no se dice en los medios, ni en Catalunya ni en España



VICENÇ NAVARRO
 
Autor del libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante
Como mostré recientemente en un artículo presentado en este rotativo (“El mayor problema que tiene Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17), la crisis social en Catalunya ha adquirido unas proporciones dramáticas, desconocidas antes durante el periodo democrático. Nunca antes, desde que la democracia se restableció en 1978, las clases populares catalanas habían visto su calidad de vida y bienestar deteriorarse de una manera tan acentuada como ha ocurrido durante los años de crisis económica y financiera conocidos como la Gran Recesión. El desempleo, la baja tasa de ocupación, la precariedad en el trabajo, el descenso de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo caracterizan el mercado de trabajo catalán, afectando muy negativamente el nivel de vida de las clases populares, que representan la mayoría de la población en Catalunya. Tales condiciones están teniendo un impacto devastador entre la juventud, que está perdiendo la esperanza de tener un mundo mejor que el de sus padres. Sus ingresos en términos proporcionales son menores (en su capacidad adquisitiva) que los que sus padres tenían a su edad, determinando con ello un descenso generacional en su estándar de vida.
Esta enorme crisis, resultado del gran deterioro del mercado de trabajo, que ha tenido un efecto devastador en la calidad de vida de las clases populares, ha ido acompañada de unos recortes de los fondos públicos disponibles para financiar las trasferencias y los servicios públicos del Estado del Bienestar en Catalunya (tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios, servicios y transferencias para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, entre otros). En realidad, los recortes del gasto público social, que incluye el gasto en tales transferencias y servicios públicos, realizados por el gobierno de la Generalitat de Catalunya han sido de los más acentuados en España y en la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al existente en Catalunya y en el resto de España.
Es muy importante señalar que estos recortes se han hecho por el gobierno catalán en unas transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar que estaban ya muy poco financiados, con lo cual, tales recortes han tenido un impacto muy negativo en dichas transferencias y servicios, permaneciendo, como consecuencia de ello, entre los Estados del Bienestar menos financiados en España y en la UE-15, muy por debajo de lo que la economía catalana permitiría (ya antes de la crisis Catalunya tenía un gasto social de casi 20.000 millones de euros menos de lo que le correspondía por su nivel de riqueza).

¿Por qué este subdesarrollo social y esta crisis social?

Una de las respuestas más frecuentes a estas preguntas en el establishment político-mediático catalán es que tal subdesarrollo social (siendo el gasto público social en Catalunya uno de los más bajos de la UE-15) y tal crisis social (unos de los recortes de gasto público social más acentuados y uno de los niveles de desempleo y precariedad más altos de la UE-15), con uno de los niveles salariales más bajos de tal comunidad europea, es resultado de la articulación de Catalunya dentro del Estado español. La culpa de todo ello es del Estado central. Esta externalización de responsabilidades es muy común en la cultura existente en el territorio ibérico. El gobierno español justifica la aplicación (e imposición) de políticas altamente impopulares indicando que no tiene otras alternativas, pues así se lo instruyen Bruselas, o Frankfurt o lo que sea. Y en Barcelona, el gobierno de la Generalitat de Catalunya añade, además de Bruselas y Frankfurt, Madrid.
Esta explicación pasa de puntillas y deliberadamente oculta una de las mayores causas del subdesarrollo social de Catalunya y de la enorme crisis social en la que esta se encuentra, y que es ni más ni menos que el enorme dominio que las derechas (partidos conservadores y liberales) han tenido en las instituciones económicas, financieras, mediáticas y representativas de Catalunya durante todo el periodo democrático. La coalición de un partido de derechas perteneciente a la familia liberal europea, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, y de un partido de derechas perteneciente a la familia conservadora democratacristiana, Unió Democrática de Catalunya, UDC, ha gobernado Catalunya durante la mayor parte de tal periodo. En realidad, Catalunya ha estado gobernada 30 de 37 años por las derechas, es decir, 9 de 11 legislaturas, mostrando la gran hegemonía de las derechas (solo superada en España por Galicia y Castilla y León, gobernadas por el PP, y el País Vasco, gobernado por el PNV).
Dentro de esta coalición gobernante en Catalunya ahora, CDC (ahora llamada PDeCAT) ha sido la fuerza hegemónica. Y esta fuerza política continúa ahora siendo hegemónica en la mayoría de los aparatos de la Generalitat de Catalunya, presididos por el Sr. Carles Puigdemont, dirigente del PDeCAT, partido que es a su vez presidido por el ex presidente Artur Mas. Es cierto que la coalición Junts Pel Sí incluye, además de CDC, primordialmente a ERC (un partido hoy independentista), así como personas independientes no afiliadas a ningún partido. Pero la herencia de 30 años de ideología nacionalista conservadora es todavía clara en la cultura política promovida por la Generalitat de Catalunya. Ni que decir tiene que ERC es un partido amplio de sensibilidades políticas diferentes, incluyendo la izquierda, unidas todas ellas por un compromiso por la independencia, ideología que respeto y que es totalmente legítima, aunque yo no la comparta, aclarando que no me opondría a ella, naturalmente, si ello fuera el deseo de la mayoría de la población en Catalunya, lo cual es obvio que no se da en la situación actual. Dicha aclaración no diluye mi percepción de que el movimiento independentista esta hoy institucionalmente dirigido por el gobierno de Junts Pel Sí, coalición dentro de la cual el PDeCAT es la primera fuerza. De ahí que es importante que se informe sobre qué es CDC y su sucesor, el PDeCAT, lo cual no puede reducirse a una mera definición de ser un partido nacionalista conservador, ahora pro independencia.

Los herederos del pujolismo, ideología y modus operandi que continúa

Para entender Catalunya, hay que conocer a dicho partido, CDC, fundado por Jordi Pujol y que ha sido el eje del pujolismo, una ideología nacionalista conservadora que siempre ha considerado la Generalitat de Catalunya como su propiedad individual, familiar y colectiva, extendiendo su influencia a través de unas políticas de tipo clientelar, con prácticas intensamente corruptas. Era, y continúa siendo, la versión catalana del caciquismo en su expresión más primaria. En realidad, tiene grandes semejanzas con el Partido Popular en el resto de España. Ambos eran y son partidos nacionalistas  (españolista el PP, y catalanista CDC) y patrimonialistas (que consideran el Estado que gestionan como suyo). Es lo que Pablo Iglesias ha definido acertadamente como nacionalpatrimonialismo. Su largo dominio en el gobierno se debe a su claro encaje en la estructura de poder económico, financiero y mediático del país. Su dominio sobre los medios públicos de información de la Generalitat es casi absoluto. E influencia también en gran manera a los privados a base de subvenciones amplias (a modo de ejemplo, en 2015 la Generalitat de Catalunya otorgó 810.719 euros a La Vanguardia; 463.987 a El Periódico de Catalunya; El Punt Avui recibió 457.496; y el diario Ara, 313.495 euros). En consonancia con esta práctica, ya ha amenazado a los medios de comunicación con no proveer de tal subsidio en caso de que no promuevan su ideario a raíz del mal llamado referéndum. En TV3, sus programas económicos son de orientación ultraliberal, los cuales son conducidos por uno de los gurús económicos de CDC y sectores de ERC, el economista Sala i Martín, economista catalán, de nacionalidad estadounidense, que apoya en EEUU al Partido Libertario, un partido de ultraderecha que tiene gran influencia hoy en el Partido Republicano de aquel país. Es más que probable que el Ministro de Economía y Finanzas de la Catalunya independiente gobernada por una coalición liderada por el PDeCAT fuese tal personaje, o alguien próximo a él en su orientación política.

Las complicidades del establishment político-mediático catalán con el establishment político-mediático español

El nacionalpatrimonialismo pujolista continúa ejerciendo gran influencia en las instituciones de la Generalitat, y a través de estas, la vida intelectual política y mediática de Catalunya. Su partido ha sido uno de los mayores instrumentos políticos responsables de la aplicación de las políticas públicas neoliberales causantes del subdesarrollo social en Catalunya (incluyendo el resto de España), y de la crisis social creada por la Gran Recesión. CDC apoyó las reformas laborales del PSOE y del PP que causaron el deterioro del mercado de trabajo, así como la austeridad del gasto público que guió los recortes al Estado del Bienestar, y todo ello de una manera coherente con su ideología liberal (bien explicada por el Sr. Sala i Martín en su programa de TV3).

Las consecuencias del neoliberalismo

Como resultado de la aplicación de tales políticas, las rentas del trabajo en Catalunya han descendido, pasando de ser un 50% a un 46% de todas las rentas, durante el periodo de la crisis, 2008-2016, mientras que las rentas del capital han aumentado, pasando de un 42% a un 45% durante el mismo periodo. Que ello pasaría era entonces fácilmente predecible, como denuncié en su día. Como también era predecible, se ha producido un gran crecimiento de las desigualdades, que se han disparado, habiéndose incrementado la distancia entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre de 5 a 6 veces durante el mismo periodo. Estas políticas neoliberales se han hecho en colaboración con el PP, estableciéndose una complicidad no solo en las áreas económicas y sociales, sino también en las políticas, complicidades que han permitido el control por parte del PP de las Cortes Españolas, cuya presidenta, Ana Pastor, fue elegida con el apoyo de CDC, y cuya abstención en la moción de censura contra el gobierno del PP contribuyó a mantener al “supuestamente odiado” Rajoy en el poder. Los intereses de clase siempre toman prioridad sobre los intereses de nación en las derechas nacionalistas catalanas, para las cuales el mayor enemigo son las nuevas izquierdas. Y lo que pasa en los pasillos de las Cortes Española es un claro ejemplo de ello.

El silencio mediático sobre las causas de la enorme crisis social catalana

Como era de esperar, de todo esto no se habla o se escribe hoy en Catalunya. Este es el gran éxito del establishment político-mediático hegemonizado por los herederos del pujolismo, y ello con la ayuda de grandes sectores de la intelectualidad catalana, incluyendo algunas figuras que se consideran de izquierdas. CDC (PDeCAT) continúa hegemonizando la Generalitat de Catalunya, intentando influenciar sobre la movilización político-social que promueve el referéndum, centrándose en la confrontación entre el gobierno Rajoy, por un lado, y el gobierno de Junts Pel Sí, por el otro. Esta dualidad, presentada como el enfrentamiento entre España y Catalunya, es clave para su intento de movilización.
La aceptación de esta estrategia es resultado de la enorme insensibilidad del Estado borbónico hacia el carácter plurinacional de España, Estado que ha sido el mayor promotor del independentismo en Catalunya. Ni que decir tiene que este enfrentamiento asume la invariabilidad del Estado español, tesis fuertemente sostenida cuya intensidad alcanza niveles de clara hostilidad hacia los que no están de acuerdo con dicha estrategia, siendo acusados de antidemocráticos o, peor aún, de tener un escaso compromiso con Catalunya, tal como hizo Pilar Rahola, el personaje mediático más parecido a Eduardo Inda en Catalunya (grosera, maleducada, que no deja hablar al adversario y que manipula en extremo), con Xavier Domènech. Y algunas voces de izquierdas han llegado incluso a presentar tal llamada a votar en el referéndum como una continuación del 15-M en su lucha por la democracia. Tales voces parecen ignorar que el 15-M rodeó el Parlament de Catalunya, forzando al president Mas a acceder al Parlament en helicóptero, en protesta por las políticas neoliberales. Viví aquella situación, pues el 15-M me invitó a dar una charla delante del Parlament (cuando este estaba rodeado de manifestantes del 15-M) en protesta por las políticas que el gobierno había propuesto y que el Parlament iba a votar. No se pudo hacer la charla porque la policía nos expulsó. Es paradójico que ahora se pida al 15-M que rodee el Parlament, dirigido por los sucesores de Mas, para protegerlo. Además de incoherente, es absurdo que el 15-M se presente como un precedente a la movilización que se presenta mediáticamente como dirigida por un gobierno liderado por los continuadores del president Mas. Naturalmente que soy consciente que el Parlament estaría ocupado por muchas otras fuerzas políticas además del PDeCAT, pero dicho Parlament seguiría liderado por un gobierno en el que los herederos del pujolismo de siempre serían la fuerza hegemónica.

El llamado referéndum no es un referéndum

Mis comentarios críticos no son a favor o en contra de la independencia, sino sobre la manera como esta se está proponiendo, y que en parte (y solo en parte) se debe a la oposición del Estado central. La realización del referéndum requiere toda una serie de condiciones que garanticen que se realice en un contexto democrático. Democracia es mucho más que votar en unas urnas: requiere libertad democrática con pleno acceso a los medios de información por parte de las distintas opciones consideradas en el proceso de decisión que debe realizarse en el momento de votación. Existe hoy, sin embargo, una muy acentuada falta de diversidad en los medios públicos de la  Generalitat Catalunya, realidad que, por lo visto, no han percibido algunos compañeros de viaje de izquierda, que han visto recompensadas su apoyo al referéndum y su crítica a aquellas fuerzas, como Catalunya en Comú (que lo critican), gozando de un amplio espacio mediático poco accesible a las opciones que cuestionan el referéndum. En realidad, el gobierno de la Generalitat está hoy utilizando su comportamiento clientelar (dando amplios recursos financieros a los medios privados) a fin de promocionar su estrategia política. Es un caso abusivo de utilización de los medios públicos para fines partidistas.
Otra condición para que el referéndum sea considerado democrático es el principio de la mayoría, un eje rector de cualquier proceso democrático (hecho subvertido por la propuesta de Referéndum de Independencia del Govern, que convierte el principio de la mayoría por el principio de la minoría, tal como señalaré más adelante). Otras condiciones violadas por el proyecto del referéndum es el de haberse saltado el propio Estatut de Catalunya, así como el Parlament de Catalunya, que hasta ahora no ha sido consultado, basándose en una mayoría parlamentaria que no representa a la mayoría de la población catalana.

La vía antidemocrática hacia la independencia

La mayoría que el tripartito independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) tiene en el Parlament está basada en una ley electoral que es la misma, repito, la misma, que fue transferida de España a Catalunya, sin que Convergència deseara cambiarla (como tampoco quiso cambiarla el PP). Tal ley es escasamente proporcional, y debido al sesgo conservador, dio la mayoría a unos partidos que en realidad representaban a una minoría. Tal tripartito recibió un número de votos menor que los no independentistas. Atribuirse la representación de la mayoría de la población es faltar a la verdad. Sumando los votos de los tres partidos independentistas en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, se obtiene una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los votos de los no independentistas (2.147.736 votos). La mayoría proindependentista en el Parlament no se corresponde con la mayoría popular, que no es independentista.
Pero esta situación escasamente democrática alcanza su forma extrema en la Ley del Referéndum, en la cual se indica que el resultado del referéndum es vinculante (artículo 4.3), sin especificar el porcentaje mínimo de votantes. En realidad, tal ley aclara que ganará el que sume más votos (sin indicar un mínimo de participación), proclamándose la independencia cuarenta y ocho horas después de conocerse el resultado del referéndum en caso de que sea afirmativo. Lo que ello implica es que si se consiguiera el mismo porcentaje de votos a favor de la independencia sobre el número de catalanes que podrían votar que se logró el 9-N (1.861.753 votos del SÍ-SÍ sobre 5,4 millones de personas), resultaría que el número de votos a favor del SÍ representaría solo un 34% de toda la población que pudiera votar, lo cual querría decir que prácticamente dos terceras partes de los catalanes no habrían dicho SÍ a la independencia. En base a este bajísimo porcentaje se declararía la independencia en 48 horas. Ello sería un acto profundamente antidemocrático carente de credibilidad internacional.

No es un referéndum

La manera como se está utilizando el mal llamado referéndum por parte de los partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya conseguiría que del 80% al 90% del voto fuera a favor de la independencia, en un proceso de muy baja participación. Ocurriría lo mismo que ocurrió en el 9-N, que fue el proceso electoral en Catalunya con menor participación durante el período democrático postfranquista. Solo un 36,6% de catalanes votaron, mucho más bajo que en las elecciones autonómicas del 2012 (67,7%), que en las elecciones generales del 2011 (un 66,8%), que en el referéndum del Estatut del 2006 (48,8%) y que en las elecciones europeas del 2014 (47,6%). Que solo un tercio de los catalanes decidiera el establecimiento de la independencia no puede ser la base para que ocurra un hecho tan significativo como este. Y crearía un estallido social en Catalunya. Creerse que la mayoría de la población catalana aceptaría una decisión de tal envergadura votada solo por un tercio de la población que podría votar, es no conocer Catalunya. La pregunta que debería hacerse es por qué habría una participación tan baja en dicho referéndum, y una de las causas de ello es la identificación institucional del independentismo con el gobierno de la Generalitat de Catalunya que ha sido responsable de la crisis social que ha afectado tanto a las clases populares en Catalunya.
Naturalmente que el movimiento independentista también recoge una protesta frente a la crisis social descrita en este artículo, pero el hecho de que sea el PDeCAT hoy la fuerza dirigente en el gobierno de la Generalitat que dirige tal movilización tendría influencia en esta elevada abstención. Las clases populares son conscientes de que detrás de un supuesto conflicto España-Catalunya ha habido una alianza de las derechas españolas y catalanas que ha provocado el deterioro de su calidad de vida y bienestar. Y de ahí el enorme silencio sobre este tema en Catalunya y en España, silencio que tiene como función dar mayor visibilidad al tema nacional asumiendo que la independencia resolvería en sí la enorme crisis social, considerando, erróneamente, que el nuevo Estado tendría una vocación resolutiva de dicha crisis, lo cual es altamente cuestionable, pues dependería de los partidos que gobernaran esta Catalunya independiente. Una transición que fuera una continuación del dominio de las derechas en el Estado catalán sería la continuación de la crisis. La evidencia de que ello sería así es abrumadora.
Todas estas consideraciones quedan olvidadas en un proceso de transición claramente idealizado en el que los enormes problemas que podrían crearse, y que podrían afectar a las clases populares, quedan marginados. Es así como la derecha catalana intenta utilizar el mal llamado referéndum como una táctica electoral que se beneficia de las elevadas tensiones entre Catalunya y España, a fin de movilizar su apoyo electoral.
Esta afirmación no implica, en absoluto, que la movilización que está teniendo lugar en Catalunya a favor de la independencia sea un mero instrumento creado por los partidos gobernantes, lectura generalizada en el establishment político-mediático español. Dicho movimiento incluye muchísimas sensibilidades políticas, y como movimiento contestatario lo valoro positivamente. Ahora bien, no hay duda, desde mi punto de vista, que la manera como la Generalitat de Catalunya está intentando dirigirlo incluye un deseo de instrumentalizarlo que disminuye dramáticamente su potencial de cambio. En realidad, el independentismo, al monopolizar el soberanismo o derecho a decidir, está haciendo un flaco favor a la posibilidad de una amplia movilización de las clases populares, que no siendo independentistas, desean un cambio profundo en Catalunya y en España. El independentismo no será vehículo para realizar tales cambios.

¿Cuál debería ser la alternativa?

Creo que debería mostrarse que es imposible crear una nueva sociedad democrática a través de un instrumento claramente antidemocrático como está resultando ser el mal llamado referéndum. Considero que es esencial que las fuerzas que creen en el referéndum democrático presenten y defiendan una alternativa, ilusionante y creíble que presente una propuesta de futura Catalunya, poniendo la resolución del tema social como central en la discusión del tema nacional, indicando que aquellos que son responsables del enorme retraso social de Catalunya no pueden liderar el proceso de cambio en Catalunya, pues la nueva Catalunya que promueven sería una continuación de la ya existente. Creo que para las izquierdas es fundamental que se defina el concepto de nación, identificando nación primordialmente con la población, de la que las clases populares son la mayoría, afirmando que aquellos que aman más a Catalunya son aquellos que hacen más por las clases populares, denunciando a aquellos que se autodefinen como superpatriotas y a la vez están dañando el bienestar de la mayoría de la ciudadanía. En contra de lo que se cree, sí que hay un barómetro para definir el grado de compromiso con un país.
De ahí que es importante que las fuerzas progresistas que prioricen la justicia social, la democracia y la plurinacionalidad de España y favorables al desarrollo de un referéndum auténticamente democrático desarrollen una campaña alternativa que movilice al conjunto de la sociedad catalana y de las diferentes sociedades en el territorio español para cambiar tanto el Estado Catalán como el Estado Español de tal forma que resuelva al fin la cuestión social y nacional. Esta campaña debiera de contar con actos a los que se invite a hermanos y hermanas de las nuevas izquierdas de otras partes de España, para señalar que el derecho a decidir tenemos que ganarlo a través de la movilización de la mayoría (y no solo de una minoría) de la población catalana para crear una nueva Catalunya, y abriendo la posibilidad de realizar un cambio profundo, que tenga el apoyo de las clases populares. Para que ello ocurra, es necesario poner la resolución del tema social como prioritario, y no de una manera genérica e indirecta a través de conseguir una no realizable independencia, sino muy concreta, oponiéndose a las políticas que han sido promocionadas por el Estado español por un lado, y por la Generalitat de Catalunya por el otro. Sin un apoyo generalizado entre la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares, no se podrá tener un auténtico referéndum democrático con una petición de cambio masivo. Este cambio será facilitado por las campañas que ya existen a lo largo del territorio español para crear una España social, justa, democrática y plurinacional. De ahí que es fundamental que, para que el proceso de cambio en Catalunya ocurra (yendo o no hacia la independencia según desee la mayoría de la población en Catalunya), haya una nueva dirección y otro liderazgo del movimiento por el derecho a decidir, basada en una amplia coalición de fuerzas de izquierdas y progresistas que defienda un programa de transformación de Catalunya (y de España). Esto no es lo que está ocurriendo ahora en Catalunya.

 
ARTÍCULO DE VICENÇ NAVARRO