Este espacio virtual pretende dar a conocer las actividades, temas, opiniones y demás trabajos que los alumnos de los cursos de humanidades no reglados de la Universidad Rey Juan Carlos, desean compartir con los internautas. Aunque no es un fórum de opinión se pueden agregar cualquier comentario con la garantía de que no será censurado ni suprimido.
¿Con qué legitimidad el Estado Español aplica sus leyes cuando ha dejado impune el genocidio franquista?
ODIO, ODIO Y MÁS ODIO
El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo,
se siente “una voz que clama en el desierto”. Él mismo define así su
visión sobre la situación catalana, que viene denunciando desde el 2007,
y que supone toda una rareza en la literatura constitucionalista
publicada y debatida en los últimos años. Defiende que fue el Tribunal
Constitucional quien rompió el pacto constitucional y dejó a Catalunya
fuera del marco, con lo que era previsible que se produjera una
situación tan anómala como la actual. El constitucionalista sevillano ya
vaticinó en enero una escalada de tensión inevitable. A pesar de la
presión ambiental, sigue manteniéndolo y es de los pocos que ve como
única salida un referéndum catalán y una reforma de la Carta Magna. Por
este orden.
¿El fallo del TC contra el Estatut vulneró la Constitución?
Lo llevo diciendo desde 2007. Ya en mi primer artículo sobre el
recurso al Tribunal Constitucional contra el Estatut argumenté que lo
que se estaba poniendo sobre la mesa era un “golpe de Estado”. Lo
escribía cuando se hizo la sentencia sobre la recusación del magistrado
Pérez Tremps. Y avisé de que si el “golpe” triunfaba, nos íbamos a
enterar y las consecuencias serían terribles. Cuando llegó la sentencia,
en 2010, insistí por activa y por pasiva en que eso era cargarse la
Constitución. Y lo mantengo.
¿Por qué?
Recapitulemos. En el 78, el constituyente tuvo en la cabeza desde el
primer momento a Catalunya. Se trataba de no repetir la experiencia del
31, cuando Catalunya aprobó el estatuto de autonomía antes de la propia
constitución republicana. Se trataba de evitar a toda costa que
Catalunya diera el primer paso sin el visto bueno previo del Estado. Por
eso, se diseñó una fórmula de integración de Catalunya que se
fundamentó en dos garantías. La primera jugaba a favor del Estado:
Catalunya no podía imponer un estatuto con el que el Estado no estuviera
acuerdo. La segunda, que jugaba a favor de Catalunya, fue que la última
palabra la tenían los ciudadanos catalanes en referéndum.
¿Y eso es lo que se rompe en 2010?
Es que está en la Constitución. Esas dos garantías están en el título
VIII y en el Estatuto, que solo se han leído los especialistas. O sea,
la Constitución territorial se fundamenta en el pacto entre los dos
parlamentos y el referéndum. Y nada más.
El origen
El TC rompió el pacto constitucional al desautorizar el pacto entre
parlamentos e ignorar el referéndum. Lo que ha conseguido es trasladar
el referéndum de punto de llegada a punto de partida”
El referéndum debía ser la estación final.
Es el punto de llegada. Pero la sentencia se carga ese mismo
principio. El fallo desautoriza el pacto entre el Parlament y el
Congreso, y además ignora el resultado del referéndum. Las dos garantías
en que descansa la Constitución territorial se las carga.
No se trata de lo que recorta, pues.
La sentencia no carece de argumentación jurídica e incluso se puede
estar de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen en ella. Pero el
problema es otro. Estamos hablando de la integración de Catalunya en el
Estado. Y ésta sólo se podía hacer con un pacto entre parlamentos y un
referéndum. Está en el propio artículo 2: reconoce un principio de
unidad política del Estado y el del derecho de autonomía de las
nacionalidades y regiones. Es un doble compromiso. Las Cortes
representan el principio de unidad y el Parlament representa el derecho
de autonomía. A las cámaras les corresponde pactarlo y a los ciudadanos,
refrendarlo.
Usted defiende que los magistrados sabían que incumplían la Constitución al fallar como lo hicieron.
No podían no saberlo. Esas dos garantías estaban en el primer
borrador de la Constitución, y se mantuvieron en todo el proceso. El
constituyente tenía en la cabeza Catalunya y evitar la situación del 31.
¿Y por qué se produjo ese fallo?
Les presionaron y pensaron que no pasaría nada, que no pasaría nada
de lo que ha ido ocurriendo. El centralismo es todavía muy fuerte en el
pensamiento jurídico español.
¿El fallo es el inicio de la actual situación?
Es que el fallo quiere decir que en Catalunya ya no hay Constitución
territorial. Por eso, desde entonces, el desorden jurídico es total en
Catalunya y ya se está extendiendo a todo el Estado. Y, por eso, el
contencioso con Catalunya, ahora mismo, ya no tiene solución
jurídicamente ordenada. Hay que inventarse una solución porque la que
ofrecía la Constitución del 78 se la cargó el TC. Dicho de otro modo, lo
que ha conseguido la sentencia, y en eso estamos ahora, es trasladar el
referéndum de punto de llegada a punto de partida. Un disparate
monumental.
La salida
Es necesario un referéndum que aclare la incógnita sobre la postura
de los ciudadanos catalanes y después haría falta una reforma
constitucional.
¿Punto de partida? ¿El referéndum es la salida?
A ver. En la actual situación, no hay salida. Lo que tocaría es una
reforma de la Constitución pero, tal como está el patio, ahora es
imposible. Sería la única solución posible más adelante. Pero en el caso
catalán, existe una previa: se impone la necesidad de un referéndum,
que aclare la incógnita sobre la postura de los ciudadanos catalanes. De
forma ordenada pero referéndum. Al cargarse el referéndum como punto
final, se impone como punto de arranque de un nuevo pacto. Y, en el caso
de que saliera que no, habría que actualizar el pacto de integración
roto. Al final, esto se tendría que resolver una revisión de la
Constitución.
¿Cabría exigir responsabilidades del TC ante la gravedad de la situación?
Es que a ellos no se les puede exigir responsabilidades: ellos dictan
una sentencia formal y ya. Al contrario, son ellos los que exigen
responsabilidades a los que no les obedecen. Y a Puigdemont y a todos
les van a encerrar por desobediencia... en fin.
¿La actuación jurídica de estos días está vulnerando derechos?
Lo que se está haciendo es una cosa gordísima. Prácticamente se está
suspendiendo la autonomía. Se está aplicando un 155 sin decirlo. Es la
política del Gobierno: yo lo hago pero no lo digo. De esta forma, no me
acojo a una norma jurídica que me pueda limitar. Yo tiro por la calle
del medio con la seguridad de que los tribunales van a estar de mi
parte.
Situación actual
Prácticamente se está suspendiendo la autonomía. Se está aplicando
un 155 sin decirlo. Es la política del Gobierno: yo lo hago pero no lo
digo. De esta forma, no me acojo a una norma jurídica que me pueda
limitar”
¿Con qué
legitimidad el Estado Español
aplica sus leyes cuando ha dejado impune el genocidio franquista?
Pedro
Taracena Gil
La necesaria movilización de las fuerzas democráticas frente a los herederos del franquismo
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra El coste de la desmemoria histórica
La escasa recuperación de la Memoria Histórica en los círculos
políticos, mediáticos e incluso académicos españoles explica que no se
haya corregido la tergiversada historia de este país, tergiversación que
continúa dominando el relato del pasado y del presente. No hay plena
conciencia ni hay pleno reconocimiento, por ejemplo, de que la Guerra
Civil fue un golpe militar contra un sistema democrático gobernado por
unas fuerzas políticas promotoras de reformas urgentes y necesarias que
estaban afectando los intereses de las clases privilegiadas y dominantes
que, siendo una minoría de la población, necesitaron de una enorme y
cruel represión frente a la mayoría de la población, que eran las clases
populares. De no ser por la enorme resistencia popular en la mayor
parte de los territorios españoles, aquel golpe militar se hubiera
impuesto en cuestión de dos o tres meses. Pero a pesar de la ayuda de
las tropas nazis alemanas y fascistas italianas, y de la escasa ayuda
militar que el gobierno republicano recibió de los supuestamente
democráticos gobiernos occidentales (temerosos estos de que las reformas
altamente populares del Frente Popular contaminaran a sus propias
clases populares), no pudieron conseguir someter a la mayoría de la
población hasta tres años más tarde, estableciendo uno de los regímenes
más represivos, crueles y terroristas (es decir, que el terror era una
política del Estado) que hayan existido en Europa durante el siglo XX.
Nunca hay que olvidar que por cada asesinato que cometió Mussolini, el
régimen de Franco cometió diez mil. La Guerra Civil fue una lucha de clases. Pero también fue una lucha de dos visiones de lo que es España
No hay duda de que la Guerra Civil fue una lucha de clases, de las
oligarquías y de las burguesías en contra de la clase trabajadora de los
distintos pueblos y naciones de España. Los vencedores de aquella lucha
de clases establecieron el Estado dictatorial, y, cuarenta años más
tarde, fueron las fuerzas dominantes en la transición de la dictadura a
la democracia, definida erróneamente como modélica. Y digo erróneamente
porque el desequilibrio de fuerzas en aquel proceso fue tan grande a
favor de los vencedores de la Guerra Civil y en contra de los vencidos
(las izquierdas que lideraban las fuerzas democráticas) que era
imposible que el resultado de aquella transición fuera modélico. Su
producto, la democracia española, era y continúa siendo enormemente
limitada y el Estado del Bienestar fue y continúa siendo muy
insuficiente. Los datos que avalan tal observación están ahí para el que
quiera verlos. Los muestro en mis libros (ver Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2002; y El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias. Anagrama, 2006).
Ahora bien, hay otra parte de la desmemoria histórica que está
incluso más ocultada. Es poco conocido hoy en España que además de la
lucha de clases que apareció en la mayoría de los pueblos y naciones de
España, hubo otra lucha que se sintió con especial énfasis en las
naciones “periféricas”, como Catalunya y el País Vasco (y también en
Galicia). La represión en contra de la cultura e identidad nacional en
Catalunya fue una característica de aquel golpe militar y del régimen
que estableció. Puedo dar constancia de ello, como catalán que soy. No
soy muy dado a referirme a experiencias personales, pero me permito
hacer una excepción en este artículo en mi intento de explicar una
dimensión poco conocida del pasado de nuestro país a mis amigos al sur
del Ebro, a quien está dirigido predominantemente este artículo. Cuando
yo era un niño, alrededor de los 10-11 años, un gris (la policía
franquista) en Barcelona se molestó por dirigirme a él, en la calle, en
catalán –mi lengua materna- diciéndome “no hables como un perro, habla como un cristiano”. Recuerdo
bien la frase, a la que respondí escupiéndole en la cara. Además de la
paliza y el bofetón que me dio, me llevó al cuartelillo de la policía,
desde donde llamaron a mis padres, maestros republicanos que fueron
brutalmente represaliados por su apoyo a las reformas educativas de la
República y a la Generalitat de Catalunya (ver Una breve historia personal de nuestro país. biografía de Vicenç Navarro, en www.vnavarro.org). Mi padre me acarició la cabeza, y hablando para sí mismo dijo “Tan jove, ja” (tan
joven, ya), y mi madre, delante de los grises, me dio uno de los besos
más grandes y más políticos que una madre haya dado a su hijo en
Catalunya, mostrando lo enormemente orgullosa que estaba de mí.
En muchas partes de España parece no conocerse que siempre ha habido
en Catalunya un sentimiento de identidad que no tiene por qué ser
excluyente o insolidario. Es cierto que este sentimiento puede
lamentablemente traducirse en un nacionalismo excluyente. Así pasó con
Jordi Pujol, el mayor punto de referencia político del nacionalismo
catalanista conservador, cuando escribía que los “inmigrantes” murcianos
y andaluces que venía a trabajar a Catalunya (a los que la burguesía
catalana y los nacionalistas pujolianos llamaban “charnegos”) tenían una
capacidad intelectual inferior a la de los catalanes. Ahora bien,
siempre hubo otro sentimiento identitario solidario característico de
las izquierdas catalanas, opuesto al anterior. En el mismo periodo que
Jordi Pujol promovía aquel nacionalismo, yo escogí ser médico de los
“charnegos” en el barrio más pobre de Barcelona, el Somorrostro. La
resistencia antifascista que se había infiltrado en el sindicato
fascista, el SEU, fundó el SUT (el Servicio Universitario del Trabajo),
que había establecido el único centro sanitario en aquel barrio y cuyos
habitantes representaban la clase trabajadora venida de otras parte de
España que estaba construyendo el país y luchando, muchos de ellos, en
la resistencia antifascista. Las izquierdas catalanas siempre vimos que
la lucha social y la lucha por la recuperación de la identidad catalana
estaban unidas, pues la causa de su opresión era la misma: el Estado
fascista. Y esta diversidad de identidades regionales y nacionales era
la riqueza del país. Nuestro deseo era que tal diversidad quedara
reflejada en la configuración del Estado cuando se estableciera la
democracia. La España plurinacional fue siempre la visión preferente dentro de las izquierdas catalanas y españolas
La tergiversada historia de España, heredada de la dictadura, ha
ocultado que siempre ha habido dos versiones de España. Una, la
uninacional, de las derechas españolas, cuya máxima expresión se dio
durante el fascismo. Esta visión de España es la visión de los
vencedores de la Guerra Civil. Pero la de los vencidos era la visión
plurinacional y pluri-identitaria, característica de las izquierdas. No
se conoce en España que tanto el PSOE como el PCE, durante la
resistencia antifascista, tenían en su programa el reconocimiento de
dicha plurinacionalidad, garantizada por el derecho de decisión o
autodeterminación, que aseguraba que la deseada unión de España
estuviera basada en la voluntad de las distintas regiones y naciones de
España, en lugar de estar unidas por la fuerza, tal como exige la actual
Constitución Española, que asigna nada menos que al Ejercito la función
de asegurar tal unión (cláusula impuesta por el Monarca y el Ejército
en el redactado de la Constitución). En esta última versión, la
uninacional, se consideraba a la visión plurinacional como la
anti-España, siendo brutalmente reprimida por el régimen dictatorial, y
todavía ocultada o discriminada durante el régimen del 78 iniciado en la
inmodélica transición, como resultado de la pervivencia de la cultura
franquista, todavía muy extendida en los aparatos del Estado español,
incluyendo su judicatura y sus órganos de seguridad. La represión fascista contra los que la dictadura definió como rojos y separatistas
La mayor represión fruto del golpe militar fascista y del régimen que
le siguió fue dirigida a los que fueron definidos como rojos y
separatistas, categorías que incluían en Catalunya a aquellas personas
que habían luchado por una España justa, libre y democrática (a las que
definían como rojos), y a aquellas personas que luchaban por una España
plurinacional (a las que definían como separatistas). Y lo peor de esta
represión era que a uno se le definiera como rojo y separatista, como lo
fue gran parte de mi familia, incluyendo mi padre, al que se le supuso
separatista por haber sido secretario de la Asociación en Defensa de la
República Catalana en la Federación Española. Mi padre era federalista,
no secesionista. Y amaba profundamente a España y a Catalunya. Era
valenciano de origen y maestro ilusionado, junto con mi madre, también
maestra ilusionada, con las reformas docentes realizadas por la
Generalitat de Catalunya y por la II República. Que los considerasen a
ellos, mis padres (y mis tíos y tías que tuvieron que dejar España y más
tarde luchar contra el nazismo en la Francia ocupada) como anti-España,
es absurdo y ofensivo en extremo, pues lucharon y dieron lo mejor de su
vida por otra España diferente a la España monárquica borbónica,
centrada en la capital del Reino, Madrid (que no tenía nada que ver con
el Madrid popular), radial, jerárquica, corrupta e injusta. Su España
era republicana, democrática, justa y plurinacional. Pero para los
“nacionales” (así se definían a sí mismas las fuerzas fascistas), los
que apoyaban la otra visión de España eran antiespañoles. Para ellos,
separatistas eran todos aquellos que no compartían su visión
uninacional. El president Companys (al que los fascistas fusilaron), que
había sido director de una revista titulada Nueva España, y
que fue Ministro del gobierno español republicano, era un federalista,
no un secesionista. Y sorprenderá también a muchos lectores saber que
los mártires y héroes cuya vida y muerte se homenajea el día nacional de
Catalunya, el 11 de septiembre, por defender los derechos de Catalunya
frente a Felipe V, de la realeza borbónica, también luchaban por el bien
de España, dato que las derechas nacionalistas españolistas y los
independentistas siempre ocultan en su historia tergiversada de España.
Cito textualmente las palabras del General Villarroel, que dirigió a los
luchadores que se enfrentaron a las fuerzas borbónicas que los
derrotaron, eliminando los derechos de la nación catalana: “Señores,
hijos y hermanos: hoy es el día en que se han de acordar del valor y
gloriosas acciones que en todos tiempos ha ejecutado nuestra nación. No
diga la malicia o la envidia que no somos dignos de ser catalanes e
hijos legítimos de nuestros mayores. ¡Por nosotros y POR LA NACIÓN
ESPAÑOLA PELEAMOS! Hoy es el día de morir o vencer” (el original no
está en mayúsculas, las añado para que se pueda leer bien). Queda claro
que los héroes masacrados por las tropas borbónicas luchaban por otra
visión de España, claramente plurinacional, cuya memoria es recordada el
11 de septiembre, la Fiesta Nacional de Catalunya. El Día Nacional en
la primera versión de España –la uninacional borbónica- es el día de la
Raza (tal como se llamaba) en el que se celebra la victoria y conquista
de un nuevo continente. En Catalunya, sin embargo, el Día Nacional es un
homenaje a los derrotados defendiendo otra visión de Catalunya y de
España. El renacer del plurinacionalismo
Esta visión plurinacional ha continuado viva en las izquierdas
catalanas durante la época democrática. Fue precisamente un gobierno de
izquierdas -el gobierno tripartito del socialista Pasqual Maragall- el
que preparó el Estatut de Catalunya que fue vetado, después de ser
aprobado por el Parlament de Catalunya, por las Cortes Españolas y
refrendado por la población en Catalunya, por el Tribunal Constitucional
(TC), controlado por el PP. Tal veto (de partes esenciales de aquel
Estatut, como considerar a Catalunya como una nación) y la pasividad del
PSOE han creado la situación actual. La derecha española en general, y
el PP en particular, han sido una fábrica de independentistas. El
nacionalismo españolista y su versión y expresión uninacional son la
mayor causa del crecimiento del independentismo.
Dicho esto, me niego a creer que el gobierno Rajoy esté aplicando
claras políticas represivas que están incrementando el independentismo
como resultado de su incompetencia, como algunas voces de izquierdas
están indicando. El Sr. Rajoy encaja perfectamente en el molde
extremista del nacionalismo uninacional heredado del franquismo. Cree,
como también creen muchas personas de derechas, e incluso de izquierdas,
que los partidos independentistas son los responsables de haber creado
este enorme movimiento en Catalunya, sin querer darse cuenta de que la
realidad es precisamente lo contrario. Ha sido el hecho de ver desoídas
las justas demandas de redefinición de España lo que ha convertido el
deseo de reconocimiento en un deseo de separación. Y el hecho de que la
visión uninacional sea todavía la dominante en España, en parte debido a
la renuncia por parte de las izquierdas tradicionales de su visión
plurinacional, explica el comportamiento electoralista de Rajoy,
totalmente comprensible desde el punto de vista electoral, pues lo
beneficia a nivel de votos. La demanda por un referéndum
En Catalunya, según las encuestas, la mayoría favorece una consulta o
un referéndum sobre si Catalunya debería separarse o no de España. Tal
apoyo va (según la encuesta) de un 70 a un 80%. Sin embargo, la mayoría
no es favorable a la independencia. La prohibición del “referéndum” por
parte del Estado y del gobierno Rajoy, consecuente con su historia de
falta de sensibilidad hacia las peticiones provenientes de Catalunya, ha
generado una gran protesta, claramente instrumentalizada por los
partidos independentistas que gobiernan Catalunya, que han utilizado a
su vez métodos sectarios y antidemocráticos en su instrumentalización
del referéndum, el cual se ha transformado más en un plebiscito de apoyo
a la independencia que en un auténtico proceso de debate democrático
sobre los méritos o deméritos de tal opción, libremente expresados en
los medios públicos de la Generalitat. En realidad, tales medios han
sido meros instrumentos independentistas.
Esto ha dado pie a desarrollar una enorme represión contra las
instituciones de la Generalitat de Catalunya que está siendo llevada a
cabo por los aparatos del Estado uninacional (el judicial y el policial)
bajo el gobierno Rajoy, represión que están afectando los derechos
políticos y civiles de toda la población mediante medidas que, como han
indicado varios juristas y constitucionalistas de conocido prestigio
(como el Sr. José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del
Tribunal Supremo, el Sr. Baltasar Garzón o el profesor Javier Pérez
Royo), son ilegales. Crítica a algunas respuestas de sectores de izquierdas
Ante esta situación es sorprendente el silencio de la intelectualidad
española. Me parece bien que unas personas de izquierdas publicaran en El País (hoy
uno de los diarios más hostiles a la transformación social y nacional
de España) una carta indicando que el referéndum no es un referéndum.
Debo ser una de las personas en Catalunya que ha sido más crítica con Junts Pel Sí
y su mal llamado referéndum. Ahora bien, me parece muy mal que no
critiquen la continua y agresiva intervención del Estado, tanto por
parte del gobierno como por parte de los aparatos del Estado, dirigidos
por un coronel de la Guardia Civil, procedente de una familia de Fuerza
Nueva y hermano de un ex miembro del TC, hecho ampliamente conocido en
Catalunya. El sistema judicial y constitucional español dista mucho de
ser el sistema democrático que el país tendría si hubiera habido una
ruptura con el Estado anterior. Y lo mismo ocurre con las fuerzas de
seguridad. Es preocupante que miembros de la Guardia Civil saludaran a
miembros de la ultraderecha que los vitoreaban cuando estaban
reprimiendo manifestaciones totalmente pacíficas y no violentas. Hemos
visto estos días la llegada a Barcelona de grupos civiles fascistas que
están intentando agredir a la población, que se está manifestando
pacíficamente. Estos mismos grupos fascistas rodearon el centro de
Zaragoza, donde fuerzas democráticas estaban reunidas para realizar un
acto político que pudiera contribuir a resolver uno de los mayores
problemas que hoy existen en España. No ha habido ninguna detención de
miembros de dichos grupos. Y los políticos que acudieron al acto
tuvieron que encerrarse en el lugar donde éste se realizaba. La llamada a la movilización democrática
Cualquier persona democrática, sea o no catalana, consciente de la
historia real y no tergiversada del país, necesita movilizarse y decir
NO a esta ocupación de Catalunya por los aparatos del Estado central,
dirigidos por un gobierno corrupto que utiliza el Estado y sus aparatos
de represión para fines partidistas y personales. Escribir ahora
diciendo que el referéndum propuesto por la Generalitat de Catalunya no
es legal me parece insuficiente. Lo que estamos viendo hoy es la
movilización de las fuerzas herederas del fascismo, los súper patriotas
de siempre, que están, como también hicieron en el 36, recurriendo a una
represión que (por desgracia y como resultado de la insuficiente
recuperación de la memoria histórica está contando con la simpatía de
amplios sectores de la población española), reforzando así su dominio
sobre España y su Estado. La victoria de Rajoy en su enfrentamiento con
la Generalitat de Catalunya (conseguida, una vez más, con la pasividad
del PSOE) debilitará enormemente a las fuerzas democráticas en España.
De ahí la importancia de las fuerzas españolas que se reunieron en
Zaragoza representando esa otra España, la plurinacional, sin la cual
será también imposible resolver el gran problema social creado a su vez
por el mismo Estado uninacional (también con la pasividad del PSOE). La
democracia en España está en peligro y el máximo responsable de ello es
la persistencia de la cultura franquista en el Estado español. El movimiento democrático iniciado en Catalunya que debería extenderse al resto de España
La represión ha movilizado a la mayoría de las asociaciones
progresistas de la sociedad civil, desde los sindicatos mayoritarios
CCOO y UGT, hasta los movimientos vecinales, asociaciones de pequeños
empresarios, clubs de fútbol, etc. que se están organizando para
oponerse a tanta represión. La gran mayoría de dichas asociaciones no
son independentistas, pero se sienten ofendidas por la brutal represión
que está hoy teniendo lugar en Catalunya. Y un elemento muy importante
es que se ha diluido el protagonismo que los partidos independentistas y
los movimientos afines como la ANC y OMNIUM CULTURAL han tenido hasta
ahora, dirigiendo las movilizaciones. Los sindicatos son las
asociaciones civiles más grandes de Catalunya, y junto con la clase
trabajadora, que no es independentista y no se movilizó en las campañas
independentistas, se están ahora movilizando para defender las
instituciones catalanas y la democracia. Es significativo que los
trabajadores del puerto no estén abasteciendo a los barcos que han
utilizado las tropas enviadas a Catalunya para ocuparla. El movimiento
pro-independentista grande, pero no mayoritario, se está ampliando en un
movimiento más grande a favor de la democracia, de las instituciones
catalanas y de la plurinacionalidad de España. Hoy, significativamente
reunidos en el Museo de Historia de Catalunya, han aprobado un
manifiesto en el que se convoca a la sociedad civil catalana a defender
la democracia en Catalunya, violada ahora por el intervencionismo
judicial y político del Estado español. Por el bien de Catalunya y de
España es importante que se haga esta movilización de todas las fuerzas
democráticas en contra de las políticas antidemocráticas y represoras
que están siguiendo los herederos de la dictadura que oprimió tanto a
las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España.
¿Qué pasa en Catalunya?: lo que no se dice en los medios, ni en Catalunya ni en España
VICENÇ NAVARRO Autor del libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante Como mostré recientemente en un
artículo presentado en este rotativo (“El mayor problema que tiene
Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17), la crisis social en Catalunya ha adquirido unas proporciones dramáticas, desconocidas antes durante el periodo democrático. Nunca
antes, desde que la democracia se restableció en 1978, las clases
populares catalanas habían visto su calidad de vida y bienestar
deteriorarse de una manera tan acentuada como ha ocurrido durante los
años de crisis económica y financiera conocidos como la Gran Recesión.
El desempleo, la baja tasa de ocupación, la precariedad en el trabajo,
el descenso de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de
trabajo caracterizan el mercado de trabajo catalán, afectando muy
negativamente el nivel de vida de las clases populares, que representan
la mayoría de la población en Catalunya. Tales condiciones
están teniendo un impacto devastador entre la juventud, que está
perdiendo la esperanza de tener un mundo mejor que el de sus padres.
Sus ingresos en términos proporcionales son menores (en su capacidad
adquisitiva) que los que sus padres tenían a su edad, determinando con
ello un descenso generacional en su estándar de vida. Esta enorme crisis, resultado del gran deterioro del mercado de
trabajo, que ha tenido un efecto devastador en la calidad de vida de las
clases populares, ha ido acompañada de unos recortes de los fondos
públicos disponibles para financiar las trasferencias y los servicios
públicos del Estado del Bienestaren Catalunya
(tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social,
escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios,
servicios y transferencias para la prevención de la pobreza y de la
exclusión social, entre otros). En realidad, los recortes del
gasto público social, que incluye el gasto en tales transferencias y
servicios públicos, realizados por el gobierno de la Generalitat de
Catalunyahan sido de los más acentuados en España y en la Unión
Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de semejante
nivel de desarrollo económico al existente en Catalunya y en el resto de
España. Es muy importante señalar que estos
recortes se han hecho por el gobierno catalán en unas transferencias y
servicios públicos del Estado del Bienestar que estaban ya muy poco
financiados, con lo cual, tales
recortes han tenido un impacto muy negativo en dichas transferencias y
servicios, permaneciendo, como consecuencia de ello, entre los Estados
del Bienestar menos financiados en España y en la UE-15, muy por debajo
de lo que la economía catalana permitiría (ya antes de la
crisis Catalunya tenía un gasto social de casi 20.000 millones de euros
menos de lo que le correspondía por su nivel de riqueza).
¿Por qué este subdesarrollo social y esta crisis social?
Una de las respuestas más frecuentes a estas preguntas en el
establishment político-mediático catalán es que tal subdesarrollo social
(siendo el gasto público social en Catalunya uno de los más bajos de la
UE-15) y tal crisis social (unos de los recortes de gasto público
social más acentuados y uno de los niveles de desempleo y precariedad
más altos de la UE-15), con uno de los niveles salariales más bajos de
tal comunidad europea, es resultado de la articulación de Catalunya dentro del Estado español. La culpa de todo ello es del Estado central.Esta externalización de responsabilidades es muy común en la cultura existente en el territorio ibérico.
El gobierno español justifica la aplicación (e imposición) de políticas
altamente impopulares indicando que no tiene otras alternativas, pues
así se lo instruyen Bruselas, o Frankfurt o lo que sea. Y en Barcelona,
el gobierno de la Generalitat de Catalunya añade, además de Bruselas y
Frankfurt, Madrid. Esta explicación pasa de puntillas y deliberadamente oculta una de
las mayores causas del subdesarrollo social de Catalunya y de la enorme
crisis social en la que esta se encuentra, y que es ni más ni menos que
el enorme dominio que las derechas (partidos conservadores y liberales)
han tenido en las instituciones económicas, financieras, mediáticas y
representativas de Catalunya durante todo el periodo democrático.
La coalición de un partido de derechas perteneciente a la familia
liberal europea, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, y de un
partido de derechas perteneciente a la familia conservadora
democratacristiana, Unió Democrática de Catalunya, UDC, ha gobernado
Catalunya durante la mayor parte de tal periodo. En realidad, Catalunya ha estado gobernada 30 de 37 años por las derechas,
es decir, 9 de 11 legislaturas, mostrando la gran hegemonía de las
derechas (solo superada en España por Galicia y Castilla y León,
gobernadas por el PP, y el País Vasco, gobernado por el PNV). Dentro de esta coalición gobernante en Catalunya ahora, CDC (ahora
llamada PDeCAT) ha sido la fuerza hegemónica. Y esta fuerza política
continúa ahora siendo hegemónica en la mayoría de los aparatos de la
Generalitat de Catalunya, presididos por el Sr. Carles Puigdemont,
dirigente del PDeCAT, partido que es a su vez presidido por el ex
presidente Artur Mas. Es cierto que
la coalición Junts Pel Sí incluye, además de CDC, primordialmente a ERC
(un partido hoy independentista), así como personas independientes no
afiliadas a ningún partido. Pero la herencia de 30 años de ideología
nacionalista conservadora es todavía clara en la cultura política
promovida por la Generalitat de Catalunya. Ni que decir tiene que ERC es
un partido amplio de sensibilidades políticas diferentes, incluyendo la
izquierda, unidas todas ellas por un compromiso por la independencia,
ideología que respeto y que es totalmente legítima, aunque yo no la
comparta, aclarando que no me opondría a ella, naturalmente, si ello
fuera el deseo de la mayoría de la población en Catalunya, lo cual es
obvio que no se da en la situación actual. Dicha aclaración no
diluye mi percepción de que el movimiento independentista esta hoy
institucionalmente dirigido por el gobierno de Junts Pel Sí, coalición
dentro de la cual el PDeCAT es la primera fuerza.
De ahí que es importante que se informe sobre qué es CDC y su sucesor,
el PDeCAT, lo cual no puede reducirse a una mera definición de ser un
partido nacionalista conservador, ahora pro independencia.
Los herederos del pujolismo, ideología y modus operandi que continúa
Para entender Catalunya, hay que conocer a dicho partido, CDC, fundado por Jordi Pujol y que ha sido el eje del pujolismo,
una ideología nacionalista conservadora que siempre ha considerado la
Generalitat de Catalunya como su propiedad individual, familiar y
colectiva, extendiendo su influencia a través de unas políticas de tipo
clientelar, con prácticas intensamente corruptas. Era, y continúa siendo, la versión catalana del caciquismo en su expresión más primaria.
En realidad, tiene grandes semejanzas con el Partido Popular en el
resto de España. Ambos eran y son partidos nacionalistas (españolista
el PP, y catalanista CDC) y patrimonialistas (que consideran el Estado
que gestionan como suyo). Es lo que Pablo Iglesias ha definido acertadamente como nacionalpatrimonialismo. Su
largo dominio en el gobierno se debe a su claro encaje en la estructura
de poder económico, financiero y mediático del país. Su dominio sobre
los medios públicos de información de la Generalitat es casi absoluto. E
influencia también en gran manera a los privadosa base de subvenciones amplias (a modo de ejemplo, en 2015 la Generalitat de Catalunya otorgó 810.719 euros a La Vanguardia; 463.987 a El Periódico de Catalunya; El Punt Avui recibió 457.496; y el diario Ara, 313.495 euros). En
consonancia con esta práctica, ya ha amenazado a los medios de
comunicación con no proveer de tal subsidio en caso de que no promuevan
su ideario a raíz del mal llamado referéndum. En TV3, sus programas
económicos son de orientación ultraliberal,
los cuales son conducidos por uno de los gurús económicos de CDC y
sectores de ERC, el economista Sala i Martín, economista catalán, de
nacionalidad estadounidense, que apoya en EEUU al Partido Libertario, un
partido de ultraderecha que tiene gran influencia hoy en el Partido
Republicano de aquel país. Es más que probable que el Ministro de
Economía y Finanzas de la Catalunya independiente gobernada por una
coalición liderada por el PDeCAT fuese tal personaje, o alguien próximo a
él en su orientación política.
Las complicidades del establishment político-mediático catalán con el establishment político-mediático español
El nacionalpatrimonialismo pujolista continúa ejerciendo gran
influencia en las instituciones de la Generalitat, y a través de estas,
la vida intelectual política y mediática de Catalunya. Su partido ha
sido uno de los mayores instrumentos políticos responsables de la
aplicación de las políticas públicas neoliberales causantes del
subdesarrollo social en Catalunya (incluyendo el resto de España), y de
la crisis social creada por la Gran Recesión. CDC apoyó las reformas
laborales del PSOE y del PP que causaron el deterioro del mercado de
trabajo, así como la austeridad del gasto público que guió los recortes
al Estado del Bienestar, y todo ello de una manera coherente con su
ideología liberal (bien explicada por el Sr. Sala i Martín en su
programa de TV3).
Las consecuencias del neoliberalismo
Como resultado de la aplicación de tales políticas, las rentas del
trabajo en Catalunya han descendido, pasando de ser un 50% a un 46% de
todas las rentas, durante el periodo de la crisis, 2008-2016, mientras
que las rentas del capital han aumentado, pasando de un 42% a un 45%
durante el mismo periodo. Que ello
pasaría era entonces fácilmente predecible, como denuncié en su día.
Como también era predecible, se ha producido un gran crecimiento de las
desigualdades, que se han disparado, habiéndose incrementado
la distancia entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre de
5 a 6 veces durante el mismo periodo.Estas políticas
neoliberales se han hecho en colaboración con el PP, estableciéndose una
complicidad no solo en las áreas económicas y sociales, sino también en
las políticas, complicidades que
han permitido el control por parte del PP de las Cortes Españolas, cuya
presidenta, Ana Pastor, fue elegida con el apoyo de CDC, y cuya
abstención en la moción de censura contra el gobierno del PP contribuyó a
mantener al “supuestamente odiado” Rajoy en el poder. Los
intereses de clase siempre toman prioridad sobre los intereses de nación
en las derechas nacionalistas catalanas, para las cuales el mayor
enemigo son las nuevas izquierdas. Y lo que pasa en los pasillos de las Cortes Española es un claro ejemplo de ello.
El silencio mediático sobre las causas de la enorme crisis social catalana
Como era de esperar, de todo esto no se habla o se escribe hoy
en Catalunya. Este es el gran éxito del establishment
político-mediático hegemonizado por los herederos del pujolismo, y ello
con la ayuda de grandes sectores de la intelectualidad catalana,
incluyendo algunas figuras que se consideran de izquierdas.
CDC (PDeCAT) continúa hegemonizando la Generalitat de Catalunya,
intentando influenciar sobre la movilización político-social que
promueve el referéndum, centrándose en la confrontación entre el
gobierno Rajoy, por un lado, y el gobierno de Junts Pel Sí, por el otro.
Esta dualidad, presentada como el enfrentamiento entre España y Catalunya, es clave para su intento de movilización. La aceptación de esta estrategia es resultado de la enorme
insensibilidad del Estado borbónico hacia el carácter plurinacional de
España, Estado que ha sido el mayor promotor del independentismo en
Catalunya. Ni que decir tiene que este enfrentamiento asume la
invariabilidad del Estado español,tesis fuertemente sostenida
cuya intensidad alcanza niveles de clara hostilidad hacia los que no
están de acuerdo con dicha estrategia, siendo acusados de
antidemocráticos o, peor aún, de tener un escaso compromiso con
Catalunya, tal como hizo Pilar
Rahola, el personaje mediático más parecido a Eduardo Inda en Catalunya
(grosera, maleducada, que no deja hablar al adversario y que manipula en
extremo), con Xavier Domènech. Y algunas voces de izquierdas han
llegado incluso a presentar tal llamada a votar en el referéndum como
una continuación del 15-M en su lucha por la democracia. Tales voces
parecen ignorar que el 15-M rodeó el Parlament de Catalunya, forzando al
president Mas a acceder al Parlament en helicóptero, en protesta por
las políticas neoliberales. Viví aquella situación, pues el 15-M me
invitó a dar una charla delante del Parlament (cuando este estaba
rodeado de manifestantes del 15-M) en protesta por las políticas que el
gobierno había propuesto y que el Parlament iba a votar. No se pudo
hacer la charla porque la policía nos expulsó. Es paradójico que ahora
se pida al 15-M que rodee el Parlament, dirigido por los sucesores de
Mas, para protegerlo. Además de incoherente, es absurdo que el
15-M se presente como un precedente a la movilización que se presenta
mediáticamente como dirigida por un gobierno liderado por los
continuadores del president Mas.
Naturalmente que soy consciente que el Parlament estaría ocupado por
muchas otras fuerzas políticas además del PDeCAT, pero dicho Parlament
seguiría liderado por un gobierno en el que los herederos del pujolismo
de siempre serían la fuerza hegemónica.
El llamado referéndum no es un referéndum
Mis comentarios críticos no son a
favor o en contra de la independencia, sino sobre la manera como esta se
está proponiendo, y que en parte (y solo en parte) se debe a la
oposición del Estado central. La realización del referéndum requiere
toda una serie de condiciones que garanticen que se realice en un
contexto democrático. Democracia es mucho más que votar en
unas urnas: requiere libertad democrática con pleno acceso a los medios
de información por parte de las distintas opciones consideradas en el
proceso de decisión que debe realizarse en el momento de votación.
Existe hoy, sin embargo, una muy acentuada falta de diversidad en los
medios públicos de la Generalitat Catalunya,
realidad que, por lo visto, no han percibido algunos compañeros de
viaje de izquierda, que han visto recompensadas su apoyo al referéndum y
su crítica a aquellas fuerzas, como Catalunya en Comú (que lo
critican), gozando de un amplio espacio mediático poco accesible a las
opciones que cuestionan el referéndum. En realidad, el gobierno de la
Generalitat está hoy utilizando su comportamiento clientelar (dando
amplios recursos financieros a los medios privados) a fin de promocionar
su estrategia política. Es un caso abusivo de utilización de los medios
públicos para fines partidistas. Otra condición para que el referéndum sea considerado democrático es
el principio de la mayoría, un eje rector de cualquier proceso
democrático (hecho subvertido por la propuesta de Referéndum de
Independencia del Govern, que convierte el principio de la mayoría por
el principio de la minoría, tal como señalaré más adelante). Otras condiciones violadas por el proyecto del referéndum es el
de haberse saltado el propio Estatut de Catalunya, así como el
Parlament de Catalunya, que hasta ahora no ha sido consultado, basándose
en una mayoría parlamentaria que no representa a la mayoría de la
población catalana.
La vía antidemocrática hacia la independencia
La mayoría que el tripartito
independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) tiene en el Parlament está basada
en una ley electoral que es la misma, repito, la misma, que fue
transferida de España a Catalunya, sin que Convergència deseara
cambiarla (como tampoco quiso cambiarla el PP). Tal ley es
escasamente proporcional, y debido al sesgo conservador, dio la mayoría a
unos partidos que en realidad representaban a una minoría. Tal
tripartito recibió un número de votos menor que los no independentistas.
Atribuirse la representación de la mayoría de la población es faltar a
la verdad. Sumando los votos de los
tres partidos independentistas en las elecciones del 27 de septiembre de
2015, se obtiene una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los
votos de los no independentistas (2.147.736 votos). La mayoría
proindependentista en el Parlament no se corresponde con la mayoría
popular, que no es independentista. Pero esta situación escasamente democrática alcanza su forma
extrema en la Ley del Referéndum, en la cual se indica que el resultado
del referéndum es vinculante (artículo 4.3), sin especificar el
porcentaje mínimo de votantes. En
realidad, tal ley aclara que ganará el que sume más votos (sin indicar
un mínimo de participación), proclamándose la independencia cuarenta y
ocho horas después de conocerse el resultado del referéndum en caso de
que sea afirmativo. Lo que ello implica es que si se consiguiera el
mismo porcentaje de votos a favor de la independencia sobre el número de
catalanes que podrían votar que se logró el 9-N (1.861.753 votos del
SÍ-SÍ sobre 5,4 millones de personas), resultaría que el
número de votos a favor del SÍ representaría solo un 34% de toda la
población que pudiera votar, lo cual querría decir que prácticamente dos
terceras partes de los catalanes no habrían dicho SÍ a la
independencia. En base a este bajísimo porcentaje se declararía la
independencia en 48 horas. Ello sería un acto profundamente
antidemocrático carente de credibilidad internacional.
No es un referéndum
La manera como se está utilizando el
mal llamado referéndum por parte de los partidos gobernantes en la
Generalitat de Catalunya conseguiría que del 80% al 90% del voto fuera a
favor de la independencia, en un proceso de muy baja participación.
Ocurriría lo mismo que ocurrió en el 9-N, que fue el proceso
electoral en Catalunya con menor participación durante el período
democrático postfranquista. Solo un 36,6% de catalanes votaron, mucho
más bajo que en las elecciones autonómicas del 2012 (67,7%), que en las
elecciones generales del 2011 (un 66,8%), que en el referéndum del
Estatut del 2006 (48,8%) y que en las elecciones europeas del 2014
(47,6%). Que solo un tercio de los catalanes decidiera el
establecimiento de la independencia no puede ser la base para que ocurra
un hecho tan significativo como este. Y crearía un estallido social en
Catalunya. Creerse que la mayoría de
la población catalana aceptaría una decisión de tal envergadura votada
solo por un tercio de la población que podría votar, es no conocer
Catalunya. La pregunta que debería hacerse es por qué habría
una participación tan baja en dicho referéndum, y una de las causas de
ello es la identificación institucional del independentismo con el
gobierno de la Generalitat de Catalunya que ha sido responsable de la
crisis social que ha afectado tanto a las clases populares en Catalunya. Naturalmente que el movimiento independentista también recoge una
protesta frente a la crisis social descrita en este artículo, pero el
hecho de que sea el PDeCAT hoy la fuerza dirigente en el gobierno de la
Generalitat que dirige tal movilización tendría influencia en esta
elevada abstención. Las clases
populares son conscientes de que detrás de un supuesto conflicto
España-Catalunya ha habido una alianza de las derechas españolas y
catalanas que ha provocado el deterioro de su calidad de vida y
bienestar. Y de ahí el enorme silencio sobre este tema en
Catalunya y en España, silencio que tiene como función dar mayor
visibilidad al tema nacional asumiendo que la independencia resolvería
en sí la enorme crisis social, considerando, erróneamente, que el nuevo
Estado tendría una vocación resolutiva de dicha crisis, lo cual es
altamente cuestionable, pues dependería de los partidos que gobernaran
esta Catalunya independiente. Una transición que fuera una continuación
del dominio de las derechas en el Estado catalán sería la continuación
de la crisis. La evidencia de que ello sería así es abrumadora. Todas estas consideraciones quedan
olvidadas en un proceso de transición claramente idealizado en el que
los enormes problemas que podrían crearse, y que podrían afectar a las
clases populares, quedan marginados. Es así como la derecha
catalana intenta utilizar el mal llamado referéndum como una táctica
electoral que se beneficia de las elevadas tensiones entre Catalunya y
España, a fin de movilizar su apoyo electoral. Esta afirmación no implica, en absoluto, que la movilización
que está teniendo lugar en Catalunya a favor de la independencia sea un
mero instrumento creado por los partidos gobernantes, lectura
generalizada en el establishment político-mediático español. Dicho
movimiento incluye muchísimas sensibilidades políticas, y como
movimiento contestatario lo valoro positivamente. Ahora bien,
no hay duda, desde mi punto de vista, que la manera como la Generalitat
de Catalunya está intentando dirigirlo incluye un deseo de
instrumentalizarlo que disminuye dramáticamente su potencial de cambio.
En realidad, el independentismo, al monopolizar el soberanismo o derecho
a decidir, está haciendo un flaco favor a la posibilidad de una amplia
movilización de las clases populares, que no siendo independentistas,
desean un cambio profundo en Catalunya y en España. El independentismo
no será vehículo para realizar tales cambios.
¿Cuál debería ser la alternativa?
Creo que debería mostrarse que es imposible crear una nueva sociedad
democrática a través de un instrumento claramente antidemocrático como
está resultando ser el mal llamado referéndum. Considero que es esencial
que las fuerzas que creen en el referéndum democrático presenten y
defiendan una alternativa, ilusionante y creíble que presente una
propuesta de futura Catalunya, poniendo la resolución del tema social
como central en la discusión del tema nacional, indicando que aquellos
que son responsables del enorme retraso social de Catalunya no pueden
liderar el proceso de cambio en Catalunya, pues la nueva Catalunya que
promueven sería una continuación de la ya existente. Creo que para las
izquierdas es fundamental que se defina el concepto de nación,
identificando nación primordialmente con la población, de la que las
clases populares son la mayoría, afirmando que aquellos que aman más a
Catalunya son aquellos que hacen más por las clases populares,
denunciando a aquellos que se autodefinen como superpatriotas y a la vez
están dañando el bienestar de la mayoría de la ciudadanía. En contra de
lo que se cree, sí que hay un barómetro para definir el grado de
compromiso con un país. De ahí que es importante que las fuerzas progresistas que
prioricen la justicia social, la democracia y la plurinacionalidad de
España y favorables al desarrollo de un referéndum auténticamente
democrático desarrollen una campaña alternativa que movilice al conjunto
de la sociedad catalana y de las diferentes sociedades en el territorio
español para cambiar tanto el Estado Catalán como el Estado Español de
tal forma que resuelva al fin la cuestión social y nacional.
Esta campaña debiera de contar con actos a los que se invite a hermanos y
hermanas de las nuevas izquierdas de otras partes de España, para
señalar que el derecho a decidir tenemos que ganarlo a través de la
movilización de la mayoría (y no solo de una minoría) de la población
catalana para crear una nueva Catalunya, y abriendo la posibilidad de
realizar un cambio profundo, que tenga el apoyo de las clases populares.
Para que ello ocurra, es necesario poner la resolución del tema
social como prioritario, y no de una manera genérica e indirecta a
través de conseguir una no realizable independencia, sino muy concreta,
oponiéndose a las políticas que han sido promocionadas por el Estado
español por un lado, y por la Generalitat de Catalunya por el otro. Sin
un apoyo generalizado entre la clase trabajadora y otros elementos de
las clases populares, no se podrá tener un auténtico referéndum
democrático con una petición de cambio masivo. Este cambio será
facilitado por las campañas que ya existen a lo largo del territorio
español para crear una España social, justa, democrática y
plurinacional. De ahí que es fundamental que, para que el proceso de
cambio en Catalunya ocurra (yendo o no hacia la independencia según
desee la mayoría de la población en Catalunya), haya una nueva dirección
y otro liderazgo del movimiento por el derecho a decidir, basada en una
amplia coalición de fuerzas de izquierdas y progresistas que defienda
un programa de transformación de Catalunya (y de España). Esto no es lo que está ocurriendo ahora en Catalunya.
