¿Con qué legitimidad el Estado Español aplica sus leyes cuando ha dejado impune el genocidio franquista?
ODIO, ODIO Y MÁS ODIO
El catedrático de Derecho Constitucional,
Javier Pérez Royo,
se siente “una voz que clama en el desierto”. Él mismo define así su
visión sobre la situación catalana, que viene denunciando desde el 2007,
y que supone toda una rareza en la literatura constitucionalista
publicada y debatida en los últimos años. Defiende que fue el Tribunal
Constitucional quien rompió el pacto constitucional y dejó a Catalunya
fuera del marco, con lo que era previsible que se produjera una
situación tan anómala como la actual. El constitucionalista sevillano ya
vaticinó en enero una escalada de tensión inevitable. A pesar de la
presión ambiental, sigue manteniéndolo y es de los pocos que ve como
única salida un referéndum catalán y una reforma de la Carta Magna. Por
este orden.
¿El fallo del TC contra el Estatut vulneró la Constitución?
Lo llevo diciendo desde 2007. Ya en mi primer artículo sobre el
recurso al Tribunal Constitucional contra el Estatut argumenté que lo
que se estaba poniendo sobre la mesa era un “golpe de Estado”. Lo
escribía cuando se hizo la sentencia sobre la recusación del magistrado
Pérez Tremps. Y avisé de que si el “golpe” triunfaba, nos íbamos a
enterar y las consecuencias serían terribles. Cuando llegó la sentencia,
en 2010, insistí por activa y por pasiva en que eso era cargarse la
Constitución. Y lo mantengo.
¿Por qué?
Recapitulemos. En el 78, el constituyente tuvo en la cabeza desde el
primer momento a Catalunya. Se trataba de no repetir la experiencia del
31, cuando Catalunya aprobó el estatuto de autonomía antes de la propia
constitución republicana. Se trataba de evitar a toda costa que
Catalunya diera el primer paso sin el visto bueno previo del Estado. Por
eso, se diseñó una fórmula de integración de Catalunya que se
fundamentó en dos garantías. La primera jugaba a favor del Estado:
Catalunya no podía imponer un estatuto con el que el Estado no estuviera
acuerdo. La segunda, que jugaba a favor de Catalunya, fue que la última
palabra la tenían los ciudadanos catalanes en referéndum.
¿Y eso es lo que se rompe en 2010?
Es que está en la Constitución. Esas dos garantías están en el título
VIII y en el Estatuto, que solo se han leído los especialistas. O sea,
la Constitución territorial se fundamenta en el pacto entre los dos
parlamentos y el referéndum. Y nada más.
El origen
El TC rompió el pacto constitucional al desautorizar el pacto entre
parlamentos e ignorar el referéndum. Lo que ha conseguido es trasladar
el referéndum de punto de llegada a punto de partida”
El referéndum debía ser la estación final.
Es el punto de llegada. Pero la sentencia se carga ese mismo
principio. El fallo desautoriza el pacto entre el Parlament y el
Congreso, y además ignora el resultado del referéndum. Las dos garantías
en que descansa la Constitución territorial se las carga.
No se trata de lo que recorta, pues.
La sentencia no carece de argumentación jurídica e incluso se puede
estar de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen en ella. Pero el
problema es otro. Estamos hablando de la integración de Catalunya en el
Estado. Y ésta sólo se podía hacer con un pacto entre parlamentos y un
referéndum. Está en el propio artículo 2: reconoce un principio de
unidad política del Estado y el del derecho de autonomía de las
nacionalidades y regiones. Es un doble compromiso. Las Cortes
representan el principio de unidad y el Parlament representa el derecho
de autonomía. A las cámaras les corresponde pactarlo y a los ciudadanos,
refrendarlo.
Usted defiende que los magistrados sabían que incumplían la Constitución al fallar como lo hicieron.
No podían no saberlo. Esas dos garantías estaban en el primer
borrador de la Constitución, y se mantuvieron en todo el proceso. El
constituyente tenía en la cabeza Catalunya y evitar la situación del 31.
¿Y por qué se produjo ese fallo?
Les presionaron y pensaron que no pasaría nada, que no pasaría nada
de lo que ha ido ocurriendo. El centralismo es todavía muy fuerte en el
pensamiento jurídico español.
¿El fallo es el inicio de la actual situación?
Es que el fallo quiere decir que en Catalunya ya no hay Constitución
territorial. Por eso, desde entonces, el desorden jurídico es total en
Catalunya y ya se está extendiendo a todo el Estado. Y, por eso, el
contencioso con Catalunya, ahora mismo, ya no tiene solución
jurídicamente ordenada. Hay que inventarse una solución porque la que
ofrecía la Constitución del 78 se la cargó el TC. Dicho de otro modo, lo
que ha conseguido la sentencia, y en eso estamos ahora, es trasladar el
referéndum de punto de llegada a punto de partida. Un disparate
monumental.
La salida
Es necesario un referéndum que aclare la incógnita sobre la postura
de los ciudadanos catalanes y después haría falta una reforma
constitucional.
¿Punto de partida? ¿El referéndum es la salida?
A ver. En la actual situación, no hay salida. Lo que tocaría es una
reforma de la Constitución pero, tal como está el patio, ahora es
imposible. Sería la única solución posible más adelante. Pero en el caso
catalán, existe una previa: se impone la necesidad de un referéndum,
que aclare la incógnita sobre la postura de los ciudadanos catalanes. De
forma ordenada pero referéndum. Al cargarse el referéndum como punto
final, se impone como punto de arranque de un nuevo pacto. Y, en el caso
de que saliera que no, habría que actualizar el pacto de integración
roto. Al final, esto se tendría que resolver una revisión de la
Constitución.
¿Cabría exigir responsabilidades del TC ante la gravedad de la situación?
Es que a ellos no se les puede exigir responsabilidades: ellos dictan
una sentencia formal y ya. Al contrario, son ellos los que exigen
responsabilidades a los que no les obedecen. Y a Puigdemont y a todos
les van a encerrar por desobediencia... en fin.
¿La actuación jurídica de estos días está vulnerando derechos?
Lo que se está haciendo es una cosa gordísima. Prácticamente se está
suspendiendo la autonomía. Se está aplicando un 155 sin decirlo. Es la
política del Gobierno: yo lo hago pero no lo digo. De esta forma, no me
acojo a una norma jurídica que me pueda limitar. Yo tiro por la calle
del medio con la seguridad de que los tribunales van a estar de mi
parte.
Situación actual
Prácticamente se está suspendiendo la autonomía. Se está aplicando
un 155 sin decirlo. Es la política del Gobierno: yo lo hago pero no lo
digo. De esta forma, no me acojo a una norma jurídica que me pueda
limitar”
CATEDRÁTICO PÉREZ ROYO
ÁLBUM DEL ODIO
Editor: Pedro Taracena Gil
